La querella unificada de Cromañón, que reúne a sobrevivientes y familiares de los muertos en la tragedia del boliche de Once, apeló ayer la resolución del juez Julio Lucini que procesó a seis ex funcionarios porteños, cinco de ellos bajo los cargos de homicidio culposo.
El abogado José Iglesias, padre de uno de los chicos muertos el 30 de diciembre, pidió al juez que acuse por homicidio simple por dolo eventual, la misma acusación que pesa sobre el empresario Omar Chabán, a Fabiana Fiszbin, ex titular del organismo de control del gobierno porteño, y a quienes fueron sus subordinados: Ana María Fernández, Gustavo Torres, Rodrigo Cozzani y Alfredo Ucar. También pidió que los acuse por incumplir sus deberes públicos.
Iglesias sostiene que los ex funcionarios «estaban advertidos de la existencia de una altísima proporción de locales con el Certificado de Bomberos vencido y de la existencia de una situación de peligro grave, real y concreto» que tenían los boliches en materia de seguridad. Esas advertencias fueron hechas a los entonces funcionarios por la Defensoría del Pueblo, por diputados de la Ciudad, por afiches que fueron pegados incluso cerca de la Jefatura de Gobierno y por los medios de comunicación.
La apelación sostiene que los funcionarios sabían del uso de pirotecnia en los recitales de «Callejeros», dado que en uno intervino la Justicia contravencional,, que «se evitó expresamente inspeccionar y clausurar República de Cromañón y Cemento» (los dos boliches que regenteaba Chabán) y que todas las advertencias fueron desoídas «por razones de oportunidad y conveniencia, como la necesidad de una decisión política que avalara la aplicación de sanciones».
Lucini procesó por homicidio por dolo eventual al segundo de Chabán, Raúl Villarreal, porque su conducta «configuró un resultado al que debió tener por representado y al que fue indiferente». La apelación pide que ese criterio se aplique también a Fiszbin y a sus ex subordinados.