Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias tienen contabilizados doce muertes por accidente laboral en las Islas en el transcurso de 2005 y mostraron su preocupación al considerar que la administración y los empresarios «están aflojando» en la prevención de la siniestralidad.
EFE. Santa Cruz de Tenerife
Estas cifras de accidentes laborales, que incluyen a un trabajador de la construcción que murió la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria y a un empleado de una empresa pirotécnica que falleció el domingo en Santiago del Teide, no son oficiales porque la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno autónomo facilita los datos con mucho retraso, según denunciaron representantes sindicales.
Juan Francisco Fonte, responsable de Salud Laboral de Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, indicó que en total se han registrado en los primeros cuatro meses del año 25.400 accidentes laborales en las Islas, entre ellos 13.350 con baja laboral y doce mortales.
Fonte afirmó que estos datos son similares a los registrados en el mismo periodo de 2004 y consideró que la administración y los empresarios están «aflojando» en el trabajo por la prevención.
En particular, Juan Francisco Fonte y Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias denunciaron el funcionamiento del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en donde no se tiene en cuenta a los interlocutores sociales.
Pidieron «un cambio de política y de gestión» en el Instituto y unas nuevas normas de funcionamiento, aunque no se mostraron optimistas pese al cambio en la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, sino que se mantienen «a la espera», porque «el Gobierno es el mismo y el presidente es el mismo».
Los dos sindicalistas denunciaron que el Instituto Canario de Seguridad Laboral se niega a facilitar los datos de accidentes laborales y se mostraron preocupados de que los que conocen no coincidan.
Al respecto, comentaron que mientras los sindicatos han contabilizado ocho muertes en el sector de la construcción en lo que va de 2005, el Instituto sólo ha contado cinco.
Juan Francisco Fonte y Carmen Marrero reclamaron también a la Consejería que haga público el estudio que ha realizado sobre las 500 empresas con más siniestralidad en Canarias.
Según los datos que han podido averiguar los sindicatos, el 42% de esas 500 empresas con más accidentes se dedican a la subcontrata en el sector de la construcción, las más proclives también a mantener contratos en precario.
Estos datos confirmarían que «la alta precariedad y la subcontratación inciden directamente en los accidentes laborales», afirmó Carmen Marrero.
Al respecto, apuntó que el obrero de la construcción fallecido la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria tenía contrato precario, pertenecía a una subcontrata y no se respetaron las normas de seguridad laboral.
Otros datos que la Consejería no facilita a los sindicatos, según denunciaron sus representantes, se refieren a la recaudación por multas a las empresas por incumplimiento de las normas de seguridad laboral, cantidad que se destina a financiar acciones para promover el trabajo seguro.
El Instituto Canario de Seguridad Laboral cuenta con un mínimo anual de 1,8 millones de euros para este cometido, a lo que se añade la recaudación por sanciones a las empresas, pero esos datos no se facilitan a los sindicatos, explicó Carmen Marrero.
La sindicalista reclamó la creación de una mesa tripartita para estudiar la situación de las empresas con menos de seis trabajadores y la dotación en ellas de delegados de salud laboral.
Otras demandas se centran en que el Instituto Canario de Seguridad Laboral subvenciones equipos para mejorar la seguridad laboral no sólo en las empresas de construcción.
Carmen Marrero afirmó que el Instituto es un órgano tripartito entre la Consejería, la empresa y los sindicatos, pero en la práctica funciona como un órgano un organismo unilateral.