El justicialismo finalmente llevará a votación, sin el levantamiento del secreto fiscal, el proyecto que otorga mayores poderes a la unidad encargada de rastrear las operaciones de lavado de dinero.
Las gestiones del titular de la AFIP, Alberto Abad, lograron revertir el sentido original de la propuesta elaborada por el diputado Jorge Arguello, titular de la comisión de Relaciones Exteriores.
En un principio, el proyecto levantaba los secretos bancario, bursátil y fiscal frente a un requerimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que depende del ministerio de Justicia.
Pero Abad consiguió agregar un párrafo que permite a la AFIP rechazar los pedidos de la UIF. El nuevo texto sólo contempla una excepción: que el organismo recaudador sea el autor de la denuncia.
De esa forma, el secreto fiscal quedó prácticamente sin cambios y, como sucede actualmente, sólo se levantará frente a un pedido expreso de la Justicia.
La modificación provocó sorpresa en la oposición. Por ello, la UCR y Compromiso para el Cambio se negaron a firmar el dictamen oficial y presentaron sus propias propuestas donde mantienen el secreto fiscal en igualdad de condiciones frente al bancario y el bursátil.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, adelantó ayer que el proyecto se tratará el miércoles próximo.
La Argentina debe dar una señal legislativa contra el lavado de dinero para evitar una sanción internacional.
El apuro en torno a la nueva legislación sobre lavado de dinero responde a las exigencias impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que integra la Argentina desde 1999.
El país ya enfrentó tres informes negativos del GAFI, donde la influencia de Estados Unidos es determinante, y el oficialismo intenta ahora revertir una tercera reprobación prevista para el próximo seis de junio.
Además de levantar el secreto bancario y bursátil frente a requerimientos de la UIF, el proyecto elimina las denominadas «excusas absolutorias», que permite a familiares y amigos de los responsables de lavado eludir las penas de encubrimiento cuando participan de las maniobras. También obliga a abogados y agentes inmobiliarios informar sobre operaciones sospechosas a la UIF.
Más allá del impacto diplomático, las sanciones del GAFI podrían excluir a la Argentina de los préstamos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Los estatutos de ambas entidades financieras exige a los países destinatarios de sus fondos cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera.
De todas formas, el texto no satisface todas las obligaciones de los integrantes del GAFI.
El oficialismo dejó para más adelante la tipificación del financiamiento del terrorismo como delito autónomo en el Código Penal y un aumento de las penas y multas previstas para los responsables.